A partir de la muerte de García de Orellana como
hemos comentado, se hizo cargo del dominio señorial su tío Pedro de Orellana el
Viejo, hasta que la Reina Isabel mandó confiscar la Fortaleza de Orellana la
Sierra en el verano de 1477, a la espera de que se resolviera el pleito que
mantenía contra éste Francisco de Meneses por la sucesión al mayorazgo. A principios de 1478 se produjo, propiciado por la Reina, un acuerdo entre
ambos (Acuerdo de Guadalupe), a consecuencia del cual se dividió el patrimonio vinculado entre
los dos contendientes, quedando la
titularidad del dominio señorial en poder de Pedro de Orellana, correspondiéndole a Francisco de Meneses las
dehesas de Villalba, Carrascosa, Pizarroso y Fizarralejo, tal y como hemos
visto anteriormente.
Resuelto de este modo el
conflicto judicial, Pedro de Orellana fundó nuevo mayorazgo pocos años después en
su hijo Fernando el 11 de abril de 1480, en las insólitas circunstancias que
luego veremos, vinculando al mismo todos los bienes que le habían sido
asignados en Guadalupe, nombrándole al mismo tiempo sucesor del señorío de Orellana de la Sierra.
Pero Fernando de Orellana nunca aceptó de
buen grado que parte de las tierras que hasta entonces habían pertenecido a su
familia estuvieran ahora en poder del regidor de Talavera, así que a la llegada
de los primeros rebaños mesteños, a cuyos dueños Francisco de Meneses arrendó
en el otoño de 1478 los pastos de Villalba, la Carrascosa, Pizarroso y Pizarralejo,
reaccionó con violencia contra los recién llegados. Uno de esos mesteños era Lucas
Martín, natural de Aldealengua de
Pedraza, que había arrendado, como todos los años, los pastos de esas dehesas. Ya
había mostrado antes Fernando su talante, cuando llevado por su ira, amenazó de
muerte al procurador de Francisco de Meneses durante el proceso judicial que
mantuvo contra su padre, así que a los pocos días de la llegada del mesteño con
sus rebaños, éste sufrió de improviso el asaltado de Fernando de Orellana, que le condujo a la
fuerza a su castillo de Orellana de la Sierra “contra
toda razón y justicia, no faciendo nin diciendo por qué mal, ni daño, ni prison
debiera recebir”.
Tras estos hechos, el hijo del mesteño
denunció de inmediato la agresión ante el alcalde mayor en la villa de Talavera , en la que por
entonces era corregidor Diego
López de Ayala, dándole a conocer los detalles del confinamiento
de su padre y el mal trato que había recibido por parte de Fernando de Orellana
y solicitando en consecuencia que
interpusiera demanda judicial en su nombre ante la justicia, reclamando la protección
del Concejo de la Mesta.
Lucas Martí sólo pudo salir al fin de su
reclusión después de nueve semanas y tras pagar los 45.000 maravedíes que le
exigió su captor. En las declaraciones que luego realizó el mesteño frente a
los jueces contó éste con detalles lo que le habían sucedido mientras cuidaba
su ganado en las proximidades de Zorita, donde irrumpió violentamente contra él Fernando de Orellana ,
alcaide de la casa fuerte de
Orellana de la
Sierra , acompañado de otros tres jinetes y,
“contra toda razon y justicia, le fizo cavalgar en un cavallo suio que
alli tenia y lo llevo preso al dicho castillo de Orellana ,
faciendo y cometiendo contra el carcel privada y caiendo en caso de Hermandad y
que lo tobo preso cierto tiempo en el dicho castillo, no lo dejando ver ni
fablar a persona alguna, de tal manera que no se sabia si era muerto ni vivo”
reteniéndole hasta que “como a mesmo
enemigo de la nuestra fe catholica” le pagaron 45.000 maravedíes por su
rescate, haciéndole jurar que en adelante no volvería a pastar en aquellas
dehesas amenazándole de muerte si lo
hacía, “e al tiempo que le obo de soltar
saco partido con el y le hizo jurar y prometer que dende en adelante no
comprase ni entrase a pacer con sus ganados las dichas mis dejesas, faciendole
sobrello grandes amenazas que si en ellas entrara o las comprara el o otras
qualesquier personas que los robaria y mataria y les tomaria todos los bienes y
ganados que en ellas metiesen”.
Sometido así Fernando al proceso judicial y
presentados los oportunos testimonios, el 14 de mayo de 1479 Gonzalo de Renes,
miembro del Consejo Real y diputado de las provincias de Extremadura por la
Junta General de las Hermandades pronunció finalmente sentencia contra Fernando de Orellana
en Cáceres, considerando probados los hechos que se le imputaban: "avido mi acuerdo y deliberacion fallo que
debo condegnar y condegno al dicho Fernando de Orellana
a muerte natural y que muera a saeta, segund manda la ley de la dicha
Hermandad. E mando de parte del rey
y reyna nuestros señores y de la Junta de la Hermandad destos
reynos y ruego y requiero de la mia a todos y qualesquier justicias, asi
alcaldes de la Hermandad como otras qualesquier, de qualesquier cibdades y
villas y logares destos regnos y señorios y a qualquier dellos ante quien esta
mi sentencia pareciere y della fuere pedido complimiento de justicia o su
traslado signado de escrivano publico que la cumplan en todo segund en ella se
contiene y la fagan levar a debido efecto por la qual les doi todo poder
complido segun que lo yo tengo de los dichos reyes nuestros señores y de la
Junta General” (Sentencia
de muerte contra Fernando de Orellana. Cáceres, 14 de mayo de 1479. RAH Colec.
Salazar, Libro M-96, fol. 200v). Actuaron junto a Renes como testigos, Alfon de
Quintanilla y Gonzalo de Madrid ,
escribano y notario de la Cámara Real.
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